Diciembre 14th, 2018

Gobierno avanza con acuerdos sectoriales en lugar de impulsar una reforma laboral

En propio presidente Mauricio Macri es quien descree de los grandes acuerdos “no se avanza en nada concreto” suele comentar a su entorno más íntimo. Por esta razón es no convocó a un “Gran Acuerdo Nacional” -al estilo Pacto de la Moncloa- como tampoco le seduce la idea de lanzar un proyecto de Reforma Laboral.

Es más en el Gobierno están cada vez más convencidos de continuar avanzando con los acuerdos sectoriales para modernizar las relaciones entre las empresas y los trabajadores. Asimismo, en trabajar en implementar un blanqueo laboral para reducir el trabajo “en negro” que abarca a casi un tercio de la población económicamente activa.

Un dato que alienta a la Casa Rosada a seguir este camino es que la mayoría de los dirigentes sindicales están de acuerdo con estas posturas.

Cabe recordar que fue el propio Macri quien impulsó el acuerdo de productividad para la explotación del yacimiento de recursos energéticos no convencionales de Vaca Muerta. La puesta en marcha de este entendimiento – entre el gobierno nacional, la provincia de Neuquén, las empresas y el sindicato petrolero- permitió aumentar 70% la productividad, según precisó Miguel Gutiérrez, titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el marco del 53 Coloquio de IDEA.

Las modificaciones en las condiciones laborales posibilitaron subir de 40 a 70 las fracturas mensuales, precisó Gutiérrez, y la intención es llegar a un rango de 100 a 120 fracturas por mes.

El acuerdo también resultó beneficioso para los trabajadores, de acuerdo con la opinión del gremio petrolero de Guillermo Pereyra. Entre otros beneficios, señaló que consiguieron “humanizar” más el trabajo ya que la reprogramación de turnos permite “que los compañeros pasen más tiempo con sus familias”.

Toyota es otro caso emblemático de acuerdo entre una empresa y sus trabajadores. El presidente de esta compañía, Miguel Herrero y el titular del gremio de los mecánicos, Ricardo Pignanelli no sólo acordaron mejorar la productividad, sino que viajaron juntos a Japón para convencer a los directivos de la multinacional nipona para invertir en Argentina.

Herrero señala que los resultados son contundentes: el ausentismo bajó de 10% a menos de 3%, la planta en argentina aumentó de 1.800 a 5.400 personas, la producción de pick ups subió de 60.000 a 130.000 unidades anuales y la planta opera con un 95% de eficiencia.

En el Gobierno ya trabajan activamente en acuerdos sectoriales con el sector de la construcción, el sector forestal, cárnico, automotriz, entre otros.

Estos encuentros, a los cuales asisten todos los involucrados, empresarios, sindicalistas, proveedores y el gobierno cuenta con la supervisión personal del presidente. “Es más él toma nota de los temas pendientes y en la próxima reunión puntea los temas para ver los avances alcanzados”, comentó un dirigente agropecuario que ya viene participando por el sector cárnico y lácteos.

Si bien no lo dicen públicamente, en la conversación off the record los dirigentes sindicales reconocen que deben adaptarse a los nuevos tiempos. “No le puedo pedir a una empresa que no incorpore maquinarias, porque sería condenarla a la quiebra frente a su competencia, y sé que cada nuevo equipo significa menos trabajadores por la automatización”, se sinceró ante ámbito.com un importante dirigente gremial del sector industrial.

Por otra parte, y también en la conversación íntima, representantes sindicales se manifiestan contrarios a lo que consideran el “gremialismo patoteril”. Quien puso el dedo en la llaga fue el número uno de Techint, Paolo Rocca, cuando refiriéndose al corte de una planta de su empresa por parte del gremio camionero miró al titular de los metalúrgicos, Antonio Caló, y le dijo que no sólo la empresa, sino también los trabajadores de este gremio se veían perjudicados por esta medida de fuerza.

En paralelo con el impulso a los acuerdos sectoriales, fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que se encuentra elaborando proyectos para resolver un problema crónico en la Argentina: que uno de cada tres trabajadores no se encuentra registrado. En este sentido, adelantan, se estudian medidas para reducir los costos que hoy supone el empleo en blanco.

• Empleo público

Otro de los problemas que enfrenta el gobierno en materia laboral es “manejar los tiempos es clave dado que la creación de nuevo empleo no sólo tiene que absorber el empleo privado que migra de sectores antes protegidos y subsidiados, sino que también tiene que absorber el exceso de empleo público, y sobre eso, crear empleo ante el propio crecimiento poblacional”, sostiene eleconomista Ramiro Castiñeira.

En su trabajo “El mercado laboral, tras seis años de estancamiento”, el economista explica que durante la presidencia de Cristina de Kirchner el empleo público “se elevó en 581 mil nuevos puestos, a un total de 3,1 millones entre los tres niveles de Gobierno entre 2012-2015. El incremento equivale a elevar un 19% la planta de personal estatal”.

Recuerda también que en la segunda presidencia de Cristina como la economía no creció y “para evitar que aumente la tasa de desempleo el Gobierno” elevó en 581 mil los puestos el empleo público, en tanto el sector privado creó 322 mil puestos en igual periodo, aunque de ellos sólo 141 mil fueron asalariados”.

El analista de Econométrica explica que los “581 mil puestos de empleo público remunerados a $25.000 brutos mensuales (actual promedio del sector privado), implica un gasto anual de 1,8% del PBI”.

También explica que la decisión de aumentar la dotación de empleados públicos permitió: “la tasa de desempleo del II trimestre del 2016 (momento que el INDEC volvió a ser confiable), y le suma 581 mil puestos de empleo público, la tasa de desempleo salta más de 3 puntos porcentuales desde 9% a 13%”.

Finalmente sostiene la necesidad de contar con una nueva legislación laboral acorde a este siglo. “No sólo que achique la distancia entre el salario de bolsillo y el costo laboral (siendo en Argentina una de las más altas del mundo), sino también que permita una mayor flexibilidad en una economía en plena transición de modelo económico. Por supuesto, la nueva legislación tiene que promover una democratización en el sindicalismo, casi con los mismos nombres desde el retorno de la democracia”, concluye Castiñeira.

Nota original de ambito

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